martes, mayo 27, 2008
SI , PERO NO...
Por el derecho que reivindicamos la inmensa mayoría de l@ s ciudadan@ s a vivir en un estado laico, desde este blog le pido al PSOE que deje claro claro si verdaderamente està a favor de un estado laico ó si sólo es de boquilla.
Respeto al PSOE pero estoy muy confundida por su comportamiento ayer en el congreso.
Respeto absolutamente a l@ s creyentes de todas y cada una de las religiones, respeto a quienes no comparten mis opiniones (aunque ell@ s no me respeten a mì), pero l@ s ciudadan@ s no tenemos porqué aguantar que en España los energúmenos nazionalcatólicos sigan imponiendonos a tod@ s sus creencias y sus simbolos a pachas con el estado.
Entiendo que el gobierno, gobierna para tod@ s l@ s ciudadan@ s y hasta comprendo que ZP muchas veces se pase de moderado, pero quienes hemos votado al PSOE para avanzar merecemos que el gobierno se implique y apruebe las leyes necesarias para soltar de una vez por todas el lastre de cuarenta años de dictadura fascista a pachas con la jerarquía de la iglesia.
ESTO NO OCURRE EN NINGÚN OTRO PAIS DE EUROPA, EN NINGUNO !!!
Humildemente pienso, que en España ocurre esto porque todavía se mantienen los acuerdos preconstitucionales iglesia -estado, continuación de los privilegios de la iglesia católica durante los cuarenta años de dictadura franquista .
La jerarquía de la iglesia católica que bendijo a franco(min) y lo llevó bajo palio, privilegio reservado según las normas de la iglesia a los santos y a Jesucristo..., la misma jerarquía que calificó a la guerra civil de cruzada... se rebela ante la posibilidad de perder sus privilegios en España y como siempre a pachas con el fascio quieren seguir imponiendonos sus creencias y sus simbolos.
Los insultos permanentes, las mentiras, el intento por distorsionar la realidad de la emisora de los obispos y otros medios de PPropaganda, no pueden ocultar la realidad que muestran todas y cada una de las encuestas sobre la opinión que tenemos l@ s ciudadan@ s de la iglesia, una y otra vez la iglesia aparece como la institución peor valorada y las iglesias cada día están más vacias.
Le pido al gobierno, que defienda el derecho que tenemos l@ s ciudadan@ s a SER LIBRES.
Respeto absolutamente a quienes son catolic@ s practicantes, pero no les permito que ell@ s quieran imponern@ s a l@ s demàs sus creencias.
POR UN ESTADO LAICO YA !!!
El PSOE rechaza retirar el crucifijo y la Biblia de los actos oficiales
Coincide con el PP y CiU al votar en contra de la iniciativa de IU y BNG
El Partido Socialista Obrero rechazó ayer en el Congreso de los Diputados promover una legislación que establezca “obligaciones legales” para la retirada de los símbolos religiosos en actos como la toma de posesión de los ministros porque no existe ningún decreto ley que obligue a su utilización. En este voto en contra coincidió con la posición del Partido Popular y de CiU.
Sin embargo, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ha reconocido que estos símbolos “tienen que ir desapareciendo de esas ceremonias” pero como “consecuencia de la evolución social y de los protocolos de las instituciones encargadas”. “Progresiva retirada” En definitiva, frente a cualquier tipo de iniciativas de tipo “prohibicionista”, el Ejecutivo socialista apuesta por la “progresiva retirada de esta simbología” de acuerdo con la evolución social. A favor: IU, BNG y UPyD La iniciativa de retirar los crucifijos, la Biblia, así como otros símbolos religiosos de los actos oficiales, partió de Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego. Ambos grupos parlamentarios defendieron ayer su propuesta -que también apoyó Rosa Díez-.PNV El grupo más radical fue el PNV al presentar una enmienda no para eliminar los símbolos religiosos, sino para acabar por completo este tipo de ceremonias “anacrónicas” y “superfluas”.Contra las ceremonias “¿En qué queda el acto de la toma de posesión?”, se han preguntado desde el PNV para responder acto seguido: “En la foto de La Zarzuela, en una foto vacía de contenido, en algunos casos con desfiles militares, con la que parece que estamos ante unos actos de salsa rosa antes que actos jurídicos”. En contra: CIU y PP Por su parte, CIU y el Partido Popular se han opuesto rotundamente a la enmienda presentada por IU y BNG. La Portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que su formación no apoyará la iniciativa porque aborda un debate que “no lo demanda nadie”.
Es el Gobierno rehén de la jerarquía católica?
No se me hubiera ocurrido hacer esta pregunta durante el primer Gobierno socialista presidido por Felipe González en 1982. Y si la hubiera escuchado de labios de otras personas, hubiera respondido con contundencia: "¡Impensable, inimaginable!". Era la respuesta más acorde con el ideario laico fundacional del PSOE, con la gradual secularización de la sociedad española, con el principio de libertad religiosa y con el de diversidad de religiones entonces incipiente. Sin embargo, conforme iban sucediéndose los diferentes gobiernos socialistas en el poder, mi respuesta iba evolucionando del contundente "imposible" al más matizado "pensable y posible". Pero sin llegar a la respuesta afirmativa. Mi percepción sobre el tema empezó a cambiar durante el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero. Fue entonces cuando creí posible responder afirmativamente. Pero seguía sin decidirme. Y no faltaban razones para la indecisión. Durante la primera etapa de la legislatura se aprobaron leyes como la del matrimonio homosexual, la del divorcio exprés y la de Técnicas de Reproducción Asistida. Contaron con una resistencia numantina por parte de la jerarquía católica, que hizo todo lo posible por impedir su aprobación presionando de distintas formas: declarándolas contrarias a la ley natural, manifestándose en la calle del brazo del Partido Popular, acusando al Gobierno de "fundamentalista laicista", etcétera. Sin embargo, los legisladores de la mayoría progresista no sucumbieron a las presiones eclesiásticas. Pasado el ecuador de la anterior legislatura, cambió el escenario de las relaciones Iglesia católica-Gobierno socialista. Se aprobó la Ley Orgánica de Educación, que mantenía la enseñanza de la religión confesional, incluso con alternativa. E incrementó la asignación tributaria para la Iglesia católica del 0,52% al 0,7%, a través de un acuerdo blindado entre la Santa Sede y el Gobierno español, con la exclusión de las demás religiones. Tal situación de privilegio es aún más llamativa estos días en que asistimos, inermes, a la discriminatoria publicidad en los medios de comunicación, las vallas publicitarias y los templos católicos pidiendo a los contribuyentes que pongan la cruz en la casilla de la Iglesia católica en vez de hacerlo en la destinada a fines sociales. Campaña que cuenta con el apoyo explícito del embajador de España ante la Santa Sede, el socialista Francisco Vázquez. Y si el Gobierno de Rodríguez Zapatero negoció con la jerarquía católica y con la FERE la Ley de Educación para la Ciudadanía, ahora está dispuesto a llegar a acuerdos sobre los contenidos de la nueva asignatura. ¡De nuevo la jerarquía católica colegisladora! Tras estas actuaciones, ya no tengo ninguna duda: efectiva mente, el Gobierno fue -y sigue siendo- rehén de la Iglesia católica. Cuanto más se manifestaban y gritaban las huestes episcopales en los espacios públicos -nuevos púlpitos del integrismo católico-, más privilegios recibían del Gobierno. Y todo ello en contra de los principios de laicidad, igualdad y no discriminación, y ante la incomprensión de los propios militantes socialistas y de no pocos creyentes de las distintas religiones. El PSOE renunciaba a su tradición laica y se lanzaba por la pendiente de las alianzas con la Iglesia católica, en detrimento de la laicidad del Estado. Y sin nada a cambio. La vicepresidenta del Gobierno español ha expresado recientemente el compromiso del Ejecutivo de avanzar en la laicidad durante esta legislatura. Para ello ha anunciado la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 1980. Aun valorando positivamente el anuncio y reconociendo la necesidad de modificar dicha ley, que, casi 30 años después de su aprobación, ha quedado obsoleta, no puedo menos que expresar mi escepticismo, con tendencia a la incredulidad, teniendo en cuenta que fue la propia vicepresidenta la que obstaculizó cualquier avance en la dirección de la laicidad y la que, durante la legislatura anterior, más contribuyó a mantener, e incluso a ampliar, los privilegios de la Iglesia católica. La profundización en la laicidad debe comenzar por la revisión del artículo 16.3 de la Constitución, que incurre en una clara contradicción al afirmar, en su primera parte, que "ninguna confesión tendrá carácter estatal" y, en la segunda, que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas". Es, por tanto, el propio texto constitucional el que está en el origen del trato de favor a la Iglesia católica y de la discriminación de las demás confesiones religiosas, y el que constituye el primer obstáculo para avanzar en la laicidad del Estado y de sus instituciones. Ésa es la raíz del problema. Y por ahí hay que empezar la reforma. De lo contrario, todo quedaría en un simple revoque de fachada. Sorprende, sin embargo, que entre las materias de la Constitución a reformar se hable del Senado y de la sucesión a la Corona, y no se haga ninguna mención a las modificaciones en materia religiosa, cuando es una de las más urgentes para terminar con la alargada sombra del nacionalcatolicismo, que se extiende hasta las más altas instituciones del Estado. Dos ejemplos recientes: la promesa del presidente y de los ministros ante el crucifijo y la celebración del funeral católico de Estado por el recientemente fallecido ex presidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo. Alguien puede sentirse tentado a justificar la mención a la Iglesia católica en que es la religión mayoritaria en España. Este mismo razonamiento podría llevar, por ejemplo, a defender la inclusión de Comisiones Obreras y de la UGT en el texto constitucional al ser los sindicatos mayoritarios entre la clase trabajadora, hasta afirmar: "Ningún sindicato tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta la afiliación sindical de los trabajadores y mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con CC OO, UGT y los demás sindicatos". A nadie se le ocurre ni siquiera pensarlo, porque sería un despropósito. Junto a la modificación del artículo 16.3 hay que acometer la reforma de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que constituyen la plasmación jurídica del trato de favor a la Iglesia católica y son el punto de apoyo arquimédico de la jerarquía eclesiástica para reclamar unos derechos que, en realidad, son privilegios. Se trata de unos Acuerdos anacrónicos, más propios del nacionalcatolicismo que de un Estado que se declara no confesional y al que el Tribunal Constitucional denomina laico desde el 2001. Estas reformas son condición necesaria para entrar definitivamente en un nuevo paradigma en las relaciones del Estado con las religiones, caracterizado por la separación y la independencia, sin hipotecas por ninguna de las partes, y por la colaboración en cuantos asuntos contribuyan al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Eso sí, sin privilegios ni fáciles sumisiones. Mientras estas dos reformas no se acometan, seguirán las relaciones mercantiles y la dependencia mutua entre la Iglesia católica y los sucesivos Gobiernos, cualquiera que sea su color político.
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Gobierno/rehen/jerarquia/catolica/elpepuopi/20080527elpepiopi_4/Tes
El PSOE frena la revisión de los acuerdos con la Iglesia porque “no es el momento”
El PSOE frena la revisión de los acuerdos con la Iglesia porque “no es el momento”
El Parlamento ha debatido sobre la necesidad de eliminar los símbolos religiosos de los actos protocolarios como es la toma de posesión de los altos cargos y a cerca de la necesidad de renovar los acuerdos con la Santa Sede para la eliminación de “privilegios” como es la gestión de financiación a través de la Renta o la financiación de colegios y profesores católicos.
El PSOE ha frenado cualquier tipo de cambio a pesar de que fuese el propio gobierno socialista el que manifestase su interés de modificar la situación de las religiones en España con una futura creación de una nueva ley de libertad religiosa y de creencias. IU-ICV y el BNG han presentado dos proposiciones IU-ICV y el BNG han presentado dos proposiciones no de ley en el Parlamento referentes a la relación Iglesia-Estado, pero aunque ha despertado un “interesante debate”, según palabras del diputado de CiU, Jordi Xuclà, ninguno ha encontrado los apoyos suficientes. El mayor revés se lo han llevado del propio secretario general del PSOE en el Congreso, Ramón Jáuregui, quien ha dicho que “no ve la necesidad de modificar el protocolo porque es exquisitamente aconfesional”. Esta iniciativa ha sido apoyada por el PNV por entender que se trata de elementos “sin trascendencia jurídica”. Aitor Esteban ha reflexionado sobre qué es lo que aporta a la sociedad que se jure o se prometa sobre la Constitución cuando lo único que es vinculante es que cumpla sus preceptos. Ha dicho que este tipo de ceremonias por anacrónicas y superfluas se trata de “supervivencias de otros momentos deseablemente suprimibles si es que crean algún tipo de fricción”. Ante la propuesta del BNG de renovar los acuerdos con la Iglesia se han mostrado algo más cauto ya que, dicen, “este asunto debe abordarse con serenidad” y para ello “sería bueno conocer los parámetros de la reforma que pretende hacer el Gobierno”. Los críticos a las reformas Desde CiU han criticado que los argumentos sobre los que se sustentan estas iniciativas son erróneos ya que el decreto que regula el protocolo de juramento o promesa del cargo no incluye la presencia de símbolos religiosos en los actos y que si se producen así es sólo fruto “de los usos y costumbres” así como “del protocolo de la Casa Real” que utiliza el crucifijo para jurar por Dios. El debate, dice Xuclà es sobre si aquellas personas que son creyentes pueden o no expresar públicamente su fe y esto, ha dicho, “no entra para nada en el debate que usted plantea”. Eugenio Nasarre, diputado del PP, ha expresado su conformidad con el actual sistema de relaciones de la Iglesia y ha dicho que les “parece impecable los procedimientos de protocolo que responde a nuestro fecundo pacto constitucional” ya que responde a que se ha asumido la “conciencia histórica” de lo que significan la cruz y la Biblia en la sociedad a la que pertenecemos.
