sábado, junio 28, 2008
DÍA DEL ORGULLO GAY
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias.
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión."
Hoy sábado 28 de Junio ,se celebra el Día del Orgullo Gay.
A pesar de ello, la homosexualidad se sigue persiguiendo por ley en gran cantidad de países, e incluso en algunos países en que no es ilegal sufre persecución por parte de las autoridades.
Fomento institucional de actitudes homófobas
Amnistía Internacional ha detectado una tendencia en las autoridades de algunos países a fomentar actitudes homófobas, aunque la homosexualidad no se persiga por ley.
En varios países europeos, los Gobiernos violan el derecho a la libertad de expresión prohibiendo manifestaciones y actos públicos de activistas LGBT. Es el caso de Lituania, donde el alcalde de Vilna se negó a conceder la autorización para que el camión de una gira contra la discriminación patrocinada por la Unión Europea hiciera escala en esa ciudad; o de Rusia, donde incluso parlamentarios europeos fueron detenidos en Moscú junto a activistas LGBT al intentar entregar al alcalde una petición instándole a respetar el derecho a la libertad de expresión y protestando contra su decisión de prohibir la Marcha del Orgullo Gay de 2007.
Otros Estados niegan la necesaria protección a estos colectivos, que se ven hostigados y atacados violentamente cuando realizan actividades públicas de defensa de sus derechos. En Hungría, las fuerzas policiales no ofrecieron protección a los participantes durante la Marcha del Orgullo Gay celebrada en Budapest el 7 de julio de 2007, cuando fueron atacados con huevos, botellas y cócteles molotov, con un resultado de varias personas heridas.
En ocasiones, las propias autoridades propician un clima de intolerancia contra las comunidades LGBT. En Polonia, tanto el entonces presidente y el ex vicepresidente y ministro de educación utilizaron expresiones homófobas, además del anuncio en marzo de 2007 de medidas educativas que castigarían con despido, multa y encarcelamiento a aquellas personas que “promocionaran la homosexualidad y otras desviaciones” en el ámbito educativo.
En Camerún, Nigeria y Uganda, activistas LGBT también fueron atacados por varios grupos de la sociedad opuestos a sus reivindicaciones. En Uganda, tras una campaña de amplia repercusión mediática de organizaciones locales defensoras de los derechos del colectivo LGBT, autoridades gubernamentales, medios de comunicación, grupos religiosos y otros grupos, incluido el personal docente, se manifestaron condenando a este colectivo y pidiendo la detención de sus integrantes. Incluso un medio escrito, el periódico The Red Pepper, publicó una lista de personas de las que se aseguraba eran gays y lesbianas. Muchas de estas personas denunciaron hostigamiento y discriminación.
Y en Honduras, en marzo de 2007, la policía detuvo de manera arbitraria a Donny Reyes, miembro de la Asociación Arcoiris. En la comisaría, al parecer, un agente se dirigió a los demás detenidos diciéndoles: “Miren, aquí les traigo una princesita, ya saben lo que tienen que hacer”. Reyes declaró a AI que los detenidos interpretaron esta frase como una señal para que lo golpearan y lo violaran, cosa que hicieron repetidamente. Organizaciones LGBT de Honduras han denunciado que unas 200 personas LGBT fueron asesinadas en Honduras entre 1991 y 2003. Pocos de estos homicidios se han registrado oficialmente como crímenes de odio y aún son menos los que han sido investigados o aquellos cuyos responsables han comparecido ante la justicia.
Los defensores y defensoras de derechos humanos del colectivo LGBT corren especial riesgo en varios países, y pueden ser objeto de homicidios, detención arbitraria, denuncias falsas, amenazas... Muchos se han visto obligados a huir de sus hogares y, en ocasiones, de su país.
Avances en derechos
Frente a estas muestras de la homofobia y persecución legal que aún pervive en todo el mundo, durante el último año se han producido algunos avances en la equiparación de los derechos de las personas LGBT. En Hungría, el Parlamento aprobó un proyecto de Ley que permitirá a las parejas del mismo sexo registrar sus uniones civiles a partir de 2009, concediendo los mismos derechos que a los cónyuges, excepto en lo relativo a la adopción. En Bulgaria, el nuevo Plan Nacional de Protección contra la Discriminación, contiene disposiciones sobre todas las áreas de discriminación contempladas en la legislación búlgara, entre ellas la orientación sexual. En Taiwan, la Asamblea Legislativa aprobó diversas modificaciones a la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica y amplió el alcance de la ley para incluir a las personas del mismo sexo que viven juntas y a las parejas que cohabitan sin estar casadas. Y en China, el Tribunal de Última Instancia declaró discriminatoria una ley que consideraba delictivas las relaciones sexuales en público cuando las mantenían personas del mismo sexo, pero no cuando se trataba de relaciones heterosexuales.
Así mismo, el reconocimiento y protección de los derechos humanos de las personas LGBT adquiere cada vez mayor atención por parte de los organismos internacionales. Durante 2007, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó un recurso de Polonia contra su fallo inicial (dictado en mayo) en favor de los activistas de los derechos de las comunidades LGBT. Éstos habían impugnado con éxito la prohibición de celebrar la Marcha por la Igualdad en Varsovia en junio de 2005. El Tribunal Europeo sostuvo unánimemente que la prohibición era ilegal y discriminatoria.
Más recientemente, el 3 de junio de 2008, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó por unanimidad una resolución en la que condena las violaciones de los derechos humanos basadas en la orientación sexual e identidad de género, recogiendo los principios de Yogyarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la identidad de Género.
Nueva ciberacción
Amnistía Internacional pone en marcha el 1 de julio una ciberacción en www.actuaconamnistia.org para pedir a las autoridades hondureñas que se realice una investigación exhaustiva sobre las agresiones sufridas por Donny Reyes y el acoso que están sufriendo los miembros de la organización Arcoiris, que sus resultados sean públicos y se lleve a los responsables ante la justicia, además de pedir al Gobierno de Honduras que garantice la protección de los derechos de las personas del colectivo LGBT.
Participación de AI en la Manifestación del Orgullo Gay en Madrid
Con el lema Basta de persecución. Protección para los defensores de derechos LGBT, la Sección Española de Amnistía Internacional se suma a la movilización en conmemoración del Día del Orgullo Gay y Lésbico a favor de los derechos humanos y libertades de las personas homosexuales, bisexuales y transgénero, del sábado 5 de julio en Madrid.
jueves, junio 26, 2008
LA VENGANZA DE €SPERANZA Y TELEMADRID
viernes, junio 20, 2008
VALENCIA: EL CONGRESO DEL HUNDIMIENTO DEL PP
Por qué puede ser encausado Aznar
Téngase en cuenta lo dicho anteriormente, esta es una aportación para ampliar las querellas presentadas, o para interponer una nueva por otros colectivos implicados en este menester. Por eso entraré exclusivamente a exponer lo que a mi juicio podría dar lugar a una condena en firme, y por tanto a la cárcel, no sólo a J.M. Aznar López (en aquel momento Presidente del Consejo de Ministros) sino a todo el Consejo de Ministros en cuanto que son partícipes de una decisión que les inmiscuye en un acto criminal. Veamos lo que dice el Código Penal y luego saque cada cual sus conclusiones.
Art. 588: "Incurrirán en la pena de prisión de quince a veinte años los miembros del Gobierno que, sin cumplir con lo dispuesto en la Constitución, declararan la guerra o firmaran la paz" Para que se materialice el tipo debe llevarse a cabo la declaración –formal- de guerra, cosa que no se ha dado por el Gobierno. Pero todos pueden suponer, y los magistrados también, que USA tampoco declaró en ningún momento la guerra a Irak. Tampoco lo hizo el Gobierno británico. Aquí nos encontramos con una paradoja –como tantas que se producen en el CP- debido a la insolvencia intelectual –y gramatical- de los legisladores del momento. El Gobierno de España participa en una guerra abierta, como es la de Irak, hecho incontrovertible, pero como no le declaró la guerra –formalmente- no puede ser reo de tal crimen. Para que se entienda en sus justos términos, es como si hubieran redactado el artículo 138 y lo tipificaran del modo siguiente: "Es necesario que el que matare a otro deberá declararlo previamente y será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años". Es tan absurdo el tipo así redactado que nadie creería que estamos ante el Derecho, sino ante una broma de los legisladores. Pues eso es lo que se tipifica en el 588, dado que el Gobierno y todos sus miembros de modo colegiado pueden cometer un crimen –participar en una guerra – obviando la declaración formal para no ser reos del delito. Dudo que se les pudiera aplicar el precepto tal como está redactado, pero aún así se usaría convenientemente para obligar al Legislador a que reforme el CP, e incluya el delito de participación en un conflicto –guerra de alta o baja intensidad- armado que ponga en peligro a los ciudadanos. Y viendo que cualquier acción irresponsable –caso de Afganistán- puede dar lugar a represalias sobre la población, las consecuencias son evidentes para todos, incluso para los magistrados. Artículo 590 :1. El que, con actos ilegales o que no estén debidamente autorizados, provocare o diere motivo a una declaración de guerra contra España por parte de otra potencia, o expusiere a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes, será castigado con la pena de prisión de ocho a quince años si es autoridad o funcionario, y de cuatro a ocho si no lo es. 2. Si la guerra no llegara a declararse ni a tener efecto las vejaciones o represalias, se impondrá, respectivamente, la pena inmediata inferior. El Gobierno que presidió Aznar careció de la autorización para la participación en una guerra o conflicto militar, además realizado contra el Derecho Internacional y la ONU como organización multinacional. Jamás cumplió ese Gobierno con lo preceptuado en su momento para la participación en la guerra de Irak. Y como el pez muere por la boca, ahora los que entonces eran Ministros –Zaplana, Acebes, Rajoy, Michavila, Pastor, Piqué, Cañete, Arenas, etc.- todos ellos dirigentes del PP cuatro después, hablan de que las tropas españolas en Líbano y Afganistán "están en un escenario de guerra, y que el Gobierno –de Zapatero, claro- reconozca que está en guerra". De este modo quieren librarse de las responsabilidades en las que ellos han incurrido, responsabilidades criminales, sea dicho de paso. Ciertamente alguna razón les asiste, pues guerra hay en Afganistán y guerra en Irak, por lo que los Gobiernos de España participan en guerras –declaradas o encubiertas-, pero con la salvedad de que actualmente esa participación cuenta con la autorización del Congreso de los Diputados y respeta el Derecho Internacional. Guste o no, desde la perspectiva del Derecho no se puede reprochar que forman parte de una "banda" dirigida por USA con el respaldo del DI. Que se empeñe la ultraderecha "aznarista" en reivindicar que España está en guerra abierta, supone para ellos ni más ni menos que librarse de las consecuencias que supone el artículo que mencionamos más arriba. Este artículo tipifica claramente que existe causa para enjuiciar a todos los miembros del Gobierno de marzo de 2003. El tipo expone claramente que son reos "quien expusiere a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes". Las represalias fueron ejecutadas de modo palmario con la muerte de 192 personas el 11-M. Las declaraciones de los imputados en tales atentados –el atentado es un modo irregular de guerra, como también lo eran las acciones de El Empecinado, y no por ello se puede decir que no guerreara-, las razones que les llevaron a tomar represalias sobre la población española, y contra los bienes –personales y públicos- y las declaraciones concurrentes durante el juicio de los hechos que se mencionan, nos conducen indefectiblemente a pensar que hay base suficiente para encausar a J. M. Aznar López y a todos los miembros del Consejo de Ministros que él presidía. En el apartado 2 del 590 nos aclara que es indiferente que se declare o no la guerra, o que se lleguen o no a producir las vejaciones o represalias. De lo que se induce que el supuesto 1 es el que hay que aplicar a todo ese Gobierno que ordenó a las tropas a participar en la guerra –por nadie declarada, pero efectivamente realizada- de Irak. Artículo 591. Con las mismas penas señaladas en el anterior será castigado, en sus respectivos casos, el que, durante una guerra en que no intervenga España, ejecutare cualquier acto que comprometa la neutralidad del Estado o infringiere las disposiciones publicadas por el Gobierno para mantenerla. El Gobierno presidido por Aznar se empeñó en todo momento en dejar muy claro que España no estaba en Irak en misión de guerra, y si aceptáramos tal presupuesto a cierra ojos, y dogmáticamente se aceptara este aserto serían igualmente imputados por este artículo. España no interviene en la guerra de Irak –porque van en misión humanitaria y logística- pero ejecutaron actos que comprometieron la "neutralidad del Estado". Lo hizo Aznar en Azores, momento en que se advertía al mundo que en el plazo de 48 horas se atacaría el territorio soberano de Irak. Y se volvió a comprometer cuando se decide enviar barcos de guerra a la zona en conflicto, conflicto dicha sea de paso, ilegal ante el DI y al margen de la ONU, con lo que se estaba dando apoyo logístico a un acto de agresión contra un Estado soberano. Se comprometió gravemente la neutralidad del Estado, y por ello, si no fueran encausados por cualquiera de las disposiciones penales mencionadas, lo tendrían que ser por este motivo, dado que en el tipo no se especifica que el sujeto tenga que ser necesariamente un particular, sino que establece taxativamente la singularidad, "el que ejecutare", sin precisarse las distinciones entre personaje público o privado. España formó parte de una coalición agresora a un Estado soberano, y bien lo hubiera hecho motu propio, o de modo colectivo tal como ha ocurrido, los individuos que tomaron la decisión de participar en esa guerra comprometieron gravemente la neutralidad del Estado, tal como se pudo comprobar con los acontecimientos del 11-M, y otras actuaciones y declaraciones de quienes se consideran parte enemiga en el conflicto, demostrando esa enemistad en la muerte de miembros y funcionarios españoles en Irak en una acción armada de la resistencia iraquí, y de los actos llevados a cabo por los "muyahidines" en Madrid el 11 de Marzo de 2004. Para la realización y consumación del tipo penal es preciso que se produzca un acto que comprometa la neutralidad del Estado, y a todas luces es evidente que esa circunstancia se ha dado suficientemente. Los hechos objetivos son inapelables, y obviamos cualquier otra consideración moral, ética o política, que en nada afecta a la aplicación del Derecho. Artículo 592:1. Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, Organismos o Asociaciones internacionales o extranjeras En este caso lo que nos dice el tipo penal es que es preciso que actúe alguien –en este caso Aznar como individuo y usando para tal fin el cargo de Presidente del Gobierno- para actuar en connivencia con un Gobierno extranjero –EEUU y Gran Bretaña- perjudicando "los intereses vitales" de España o "comprometieran su dignidad". En este segundo supuesto la cuestión es demasiado oscura, difusa, imprecisa, porque lo que para unos es "digno" para otros es "indigno", y no saldríamos de ese círculo cerrado. Pero otra es la cuestión cuando se habla de "intereses vitales", y aquí hemos de decir que la vida de los militares y miembros del espionaje muertos en Irak, y los 192 ciudadanos muertos el 11-M, así como la destrucción de los bienes públicos –el transporte es un bien vital- es la muestra clara de que actuaron –Aznar y sus Ministros- perjudicando ese bien que quiere proteger el precepto mencionado. Respecto a la "inteligencia o relación de cualquier género" con Gobiernos extranjeros, no se le escapa a nadie que ese hecho ha sido tan evidente que incluso lo hemos podido ver televisado y fotografiado. Sépase que por este precepto también puede se encausado el Gobierno que preside J.L. Rodríguez Zapatero, por su implicación en las guerras de Afganistán y Líbano, pues se materializa el tipo al "comprometer los intereses vitales de España", y en ningún momento hay exculpación por el hecho de que forme parte de una alianza militar o internacional. El bien protegido son los intereses vitales, y aquí se podría discrepar, y pensar que la muerte de españoles en España o en el extranjero directamente relacionadas con tales conflictos y la participación en guerras de "baja intensidad" son obligaciones internacionales, y por ello tales muertes quedarían necesariamente justificadas. De ningún modo, el tipo penal es taxativo. Si hay un "interés vital" es la protección de la vida de los ciudadanos. Un bien material destruido se repara o se repone, la vida humana no tiene repuesto. Artículo 595: El que, sin autorización legalmente concedida, levantare tropas en España para el servicio de una potencia extranjera, cualquiera que sea el objeto que se proponga o la Nación a la que intente hostilizar, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. En este caso se produjo el hecho, de todos conocido, de que tropas españolas fueron a Irak obedeciendo órdenes del Gobierno, con lo que tales tropas quedan exentas de responsabilidad. No así quienes abusando de su autoridad las levanta al servicio de los EEUU y Gran Bretaña para hostilizar a un país soberano y amparado por el Derecho Internacional y los tratados existentes en la ONU. La vulneración del DI de modo tan grosero y explícito no deja dudas sobre el carácter criminal tipificado en este artículo. No se requiere conocer el motivo, pues el tipo penal dice claramente que se materializa "cualquiera que sea el objeto", pues no deja de haber quien justifica tal sumisión a una potencia extranjera amparándose en valores o principios de carácter ético, religioso, o político. Hasta aquí mi aportación al deseable juicio a Aznar y su Gobierno. Obvio entrar en la consideración de los artículos en que se basan las querellas presentadas, pues todas ellas hacen referencia a "delitos contra la comunidad internacional" (605), "delitos contra las personas y bienes en caso de conflicto armado" (608 a 616). Su análisis, consideraciones, y posible aplicación ante los tribunales es cuestión que en este caso corresponde a quienes han planteado la acusación contra Aznar sobre esa base jurídica. Mi posición es diferente. Ha sido expuesta claramente en las páginas anteriores. Los delitos que a mi juicio se cometieron se hallan tipificados en otro lugar del CP, pues pongo el acento en la defensa de aquello que tiene una protección absoluta, y en la que no caben disquisiciones y elucubraciones que puedan servir para que unos sujetos, a los que considero responsables penales por su actuación en el Gobierno y como miembros del mismo, se escapen de su responsabilidad. Hace algún tiempo, Iñaki Errazkin (editor de InSurGente.org) me preguntó si había causa suficiente desde el punto de vista del Derecho -y de la legalidad interna e internacional- para proceder contra José María Aznar López. Este sujeto fue Presidente del Consejo de Ministros desde 1996 a 2004, y en ese tiempo ordenó que las tropas del ejército español intervinieran -en misión humanitaria (¿?)- en Irak en marzo de 2003 apoyando la invasión del territorio soberano de Irak. De todos es conocida la foto de las Azores, en que Bush-Blair-Aznar se confabulan contra un país soberano e independiente, porque suponen – o se inventan para la masa, para la chusma, para los ignorantes, y para los creyentes- y afirman taxativamente que en ese país se albergaban "armas de destrucción masiva". La intervención en sede internacional, ONU, de Colin Powell, mostrando con imágenes trucadas unos camiones y hangares en que se afirmaba la existencia de ese material criminal, fue vista por cientos de millones de personas en todo el mundo. Resultó que era una patraña. Pero la mentira no está penada, ni siquiera castigada en el código ético de los seres humanos, mucho menos por las leyes. Mentir no es delito. Quiero de todos modos dejar claro que no es mi intención descalificar otras iniciativas para juzgar a Aznar, sino argumentar en la medida que me sea posible para que ese juicio tenga visos de realizarse ciertamente, y que no se queden en agua de borrajas las iniciativas que están en marcha. Enriqueta de la Cruz, novelista ("Testamento de la Liga Santa" y "Nada es lo que parece"), está desesperanzada porque supone que la iniciativa que se ha tomado, lo que pretende en realidad, es el fracaso de esa incriminación de Aznar. Ella misma podría explicarlo mejor, porque sus argumentos son contundentes y descorazonadores. Del mismo modo pensamos otros, con más prudencia por que estamos contaminados por el Derecho y vemos los vericuetos procesales de otra manera. Por eso esta exposición es un "añadido" a las iniciativas que están en marcha. De todos modos, desde aquí animo a las personas decentes que particular y colectivamente tomen en consideración los elementos que aquí se exponen para fundamentar una querella que realmente pueda ser admitida a trámite. La invasión por parte de los ejércitos de varios países liderados por USA, Gran Bretaña, y España, se realizó contra el Derecho Internacional, sin amparo alguno de la ONU, y decidido en el despacho de la Casa Blanca. En Londres y en Madrid, los respectivos Gobiernos se suman a la agresión que realiza el Gobierno de los EE.UU. Saben que vulneran las normas básicas del DI, pero su desprecio a las normas es propia de los delincuentes. Se ven impunes, son gente de orden, y cuentan además con la connivencia de otros 27 gobernantes y con la cobardía de quienes sí podrían actuar contra ellos creando un Tribunal Penal de Crímenes en Irak, al modo en que se instituyó el Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia (por citar uno, hay más). Desearía ver a una Del Ponte defendiendo el Derecho Internacional en el caso de la invasión de Irak, pero me parece que eso no se dará en ningún caso, pues esta mujer menstrúa normas y dicterios contra los criminales de los Balcanes, pero jamás aceptaría que Bush, Blair, y Aznar se sentaran en el mismo banquillo de Milosevic. Añadamos que los que promueven el juicio a Aznar no lo hacen ante los tribunales internacionales, sino que apelan a la legislación penal interna. Partiendo de esta realidad, en la que el cinismo es imperante, debemos atacar penalmente a Aznar ante los tribunales de justicia en España, y para ello contamos con los tipos especificados en el Código Penal. No creo que sea oportuno entrar detalladamente en los presupuestos y fundamentos jurídicos de aquellos que ya han presentado su querella contra Aznar basándose en los crímenes contra el Derecho de Gentes y contra el Derecho Internacional. Pues es de necios rechazar lo que otros hacen cuando se hace de buena fe (aunque algunos suponen que esta querella está planteada para que fracase de entrada, tan de entrada, que no sea ni tan siquiera aceptada a trámite, el tiempo y las resoluciones y autos judiciales lo dirán). Léanse los fundamentos de las querellas ya presentadas y que cada cual haga el análisis que corresponda, y advierta de los peligros que supone que fracase tal iniciativa, pues a partir de ese momento tendríamos a un "supuesto" delincuente (Aznar) yéndose de rositas y sin que nadie le pueda rechistar en el futuro. El peligro de una querella fracasada es que se deja al supuesto criminal limpio como la patena. Por eso creo que hay que ser muy cuidadoso a la hora de tomar una decisión que embarca a muchos y entusiasma a muchos más. Quien quiera hacer una valoración ajustada creo que tiene su oportunidad en este medio.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=56935
jueves, junio 19, 2008
EL CONGRESAZO DEL PP
DETENIDO UN PRIMO DE RAJOY POR SECUESTRO
DETENIDO ALCALDE DE ESTEPONA (PSOE)
Que un político se aproveche de su situación privilegiada para enriquecerse me parece repugnante, da igual del partido que sea, menos mal que he leido que el PSOE lo ha expulsado inmediatamente tras conocerse la noticia.
Todas y cada una de las alcaldias deberían auditarse porque se oyen demasiadas veces cosas impresentables.
L@ s ciudadan@ s tenemos que cumplir con nuestras obligaciones como tales y los cargos públicos también.
Los PPringaos sin embargo no sólo no han cesado a los númerosos alcaldes implicados en tramas de corrupción urbanistíca , sino que a algunos les han vuelto a presentar como candidatos...
Lamentablemente casos de corrupción urbanistica parece ser que abundan, aunque PARA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA MASIVA LOS PPRINGAOS.
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La Policía ha salido hoy del Ayuntamiento de la localidad malagueña de Estepona con su alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), que permanece detenido por la operación 'Astata' contra la corrupción urbanística y que ha estado presente en el registro de la sede municipal por los agentes más de catorce horas.
Campos de golf y nuevas viviendas motivan, en varios casos, recalificaciones presuntamente ilegales.
En Águilas, un promotor podría haber ganado hasta 75 millones de euros con una recalificación.
Alicante: El juez ha imputado al alcalde popular, Luis Díaz Alperi, y dos concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares. Además, el PSOE acusa al alcalde de aprobar en 2003 la revisión de un plan parcial en una zona en expansión para "calzar un centro privado en forma de concesión administrativa encubierta, en el único solar municipal reservado para hacer un colegio público".
Orihuela: El fiscal anticorrupción está investigando al alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. El alcalde de Orihuela no ha dimitido, pero ha renunciado a ir en las listas de 2007 tras reconocer ante un juez favores (préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales.
Torrevieja. El alcalde Pedro Hernández, del PP, estuvo imputado por la venta millonaria de un solar de su propiedad. Pero se archivaron provisionalmente las actuaciones judiciales contra el alcalde, y otros dos concejales del consistorio municipal, Pascual Ortiz y José Antonio Sánchez, acusados de prevaricación. A todos ellos se les imputaba el delito continuado de corrupción por solicitar créditos con los que pagar obras y servicios que no tenían presupuestados.
EN ÁVILA:
Navas del Marqués: El ayuntamiento de las Navas del Marqués dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. Se trata de una zona crítica para la cigüeña negra.
Navahondilla: pueblo con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chalés.
EN BALEARES:
Andratx: El alcalde del municipio, el popular Eugenio Hidalgo y un funcionario celador de obras, así como otras cuatro personas, fueron detenidas el pasado día 27 de noviembre por un delito de corrupción urbanística. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los dos primeros la creación de un "entramado societario" para "disfrazar" la procedencia de dinero obtenido con negocios inmobiliarios, supuestamente avalados con presuntas certificaciones falsas.
Santa Margalida: El alcalde de Santa Margalida (Mallorca), Antoni del Olmo, del PP, se vio obligado a renunciar a su cargo al tener abierta la Fiscalía de Baleares una investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.
EN BURGOS: Arlanzón: Construirán una gran urbanización de 640 chalés, un hotel, campo de golf y campo de tiro en 220 hectáreas de suelo público, de las cuales 76 están protegidas como monte público y como Lugar de Interés de la UE. Unos seis informes técnicos se opusieron a la construcción, pero ni la Diputación de Burgos, del PP, ni la Consejería de Medio Ambiente lo han detenido. La primera, de hecho, ya lo asignó a cinco constructoras. Las zonas del campo de golf son un robledal protegido "clasificado como suelo rústico de protección natural" según un informe. La Sociedad Parque Arlanzón está formada por, entre otros, el constructor José Méndez Pozo, condenado en 1995 por un escándalo urbanístico con otro gobierno del PP.
EN CÁDIZ:
Rota: Antonio Peña, concejal de urbanismo, del PP, está imputado por prevaricación.
EN CANARIAS:
Telde: En el municipio grancanario de Telde, la concejal Antonia Torres, del PP, está acusada de cobro de comisiones.
Caso Parques Eólicos: Celso Perdomo, ex director de Industria de Canarias (PP), está imputado en el caso Parques Eólicos.
La Oliva: El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de La Oliva y el presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González, por delitos de ordenación del territorio y desobediencia continuada.
Mogán: En enero de 2007 fue detenido y puesto en libertad bajo fianza el alcalde de Mogán, José Francisco González (PP), por su relación en un caso de corrupción urbanística.
EN GRANADA:
Ogíjares: José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo en el municipio granadino de Ogíjares, entregó el pasado martes (17 octubre) su acta de edil. Renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el municipio de las que se le acusa. IU pide su cabeza en el Congreso de los Diputados y el PSOE llevó estas supuestas irregularidades a la fiscalía.
Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral. Fernando Callejón (concejal de Almuñécar) está imputado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental en relación a una presunta factura falsa por importe de 12.000 euros. El PSOE ha exigido al PP de Granada que los cese a ambos de sus cargos.
Alhendín: El concejal de urbanismo ha dimitido tras quedar en libertad condicional por cinco delitos. El PP de esa localidad mantiene abierta una investigación sobre la tramitación del polígono industrial de Marchalhendín, supuestamente fraudulenta, según el PSOE.
EN JAÉN:
Alhendín: El PSOE tiene previsto denunciar las presuntas irregularidades urbanísticas del Gobierno local del municipio, del PP, como la urbanización ilegal de un polígono industrial o el intento de convertir unos terrenos públicos donde se emplaza el colegio de la localidad en suelo libre.
EN MADRID:
Madrid: Diecisiete detenidos en la "Operación Guateque", que desmanteló una red de funcionarios municipales que cobraban comisiones ilegales a cambio de agilizar la concesiones de licencias o retrasar expedientes sancionadores en locales.
Seis de las personas implicadas en esta supuesta red de cobro de comisiones ilegales, entre ellos Victoriano Ceballos, jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, permanecen en prisión por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad. Un total de 35 personas son investigadas por el juez, entre las que figuran los 17 funcionarios detenidos, otros empleados municipales y varios empresarios.
Brunete: El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).
Navalcarnero: El edil de Urbanismo de la localidad, Miguel Ángel Fernández Colomo tiene terrenos e intereses en 10 de los 22 sectores en los que está dividido el municipio, gobernado por el PP, y acumula posesiones de 31.987 metros. Su familia tiene un total de 286.994 metros cuadrados, y a través de sociedades, el padre acumula hasta 175 propiedades en la localidad, según El Mundo.
Quijorna: La recalificación de todo un corredor de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501 con suelo para edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes García, y a su equipo en solfa.
Torrelodones: El Alcalde Carlos Galbeño, del PP, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras una recalificación de terreno y una expropiación para construir un aparcamiento, así como por cobros ilegales a empresarios.
Dos concejales del PP en ese municipio, Jesús María Pacios y Reyes Tintó han denunciado la actuación de Galbeño y por ello fueron destituidos. Tanto Galbeño como el presidente del PP de Torrelodones, y diputado nacional, Mario Mingo, se querellarán contra los ex concejales de su propio partido, según informa El Mundo.
Tres Cantos: Unas grabaciones de el ex concejal del PP, Antonio Reino Cortés - aparecidas en el diario El País - desvelaban la supuesta existencia de comisiones millonarias ante la aprobación por el municipio del Plan Urbanístico de la localidad en 2004.
Villanueva de la Cañada: El alcalde, Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la compra de una finca de los constructires Francisco Bravo y Francisco Bravos Vázquez, que apoyaron al 'tránsfuga' Eduardo Tamayo cuando en 2003 impidió la formación de un gobierno del PSOE en Madrid junto a María Teresa Sáez. Los constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses después, el ayuntamiento en 963.349 euros. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 euros, que vendieron en tres meses por 2,5 millones, según El País.
EN MÁLAGA:
Alhaurín El Grande: A pocos kilómetros de Marbella y de Estepona, en Alhaurín El Grande, tuvo lugar la 'Operación Troya', por la que en enero de 2007 fueron detenidos el alcalde Juan Martín Serón y otras personas, principalmente empresarios, por supuestos delitos relacionados con asuntos urbanísticos.
Estepona: Un total de 25 personas, incluido el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), fueron detenidas en junio de 2008 en el marco de una operación policial contra la corrupción policial en esta localidad.
EN MURCIA:
Una recalificación presuntamente ilegal en Águilas podría hacer ganar a un promotor 75 millones de euros
Águilas: El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf.
El propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, podría haber ganado 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor, según informa El País.
Torre Pacheco: El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, detenido por presunta corrupción urbanística y el juez ha decretado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. El pasado 31 de marzo fue detenido por el mismo caso el arquitecto técnico de Torre Pacheco, Ramón Cabrera, que está ahora en prisión.
Cartagena: El fiscal ha abierto diligencias informativas por la edificación de 5.300 plazas viviendas y 3.000 plazas hoteleras. Los ecologistas han reclamado por vía administrativa y denuncian a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir que se dañe el Espacio Natural Protegido del Saladar de Lo Poyo. El gobierno murciano, del PP, ha anunciado que frenará esta gran recalificación.
Además, en Cartagena, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha presentado un contencioso administrativo por la construcción de 10.000 viviendas y un campo de golf en Espacio Protegido.
Mazarrón: La Justcia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.
Totana: La Guardia Civil detuvo a seis personas relacionadas con una presunta trama de corrupción urbanística. Dos de ellos fueron detenidos en Murcia, uno en Totana, dos en Pontevedra y otro en Madrid. Hay otras dos personas imputadas en Murcia, que no fueron detenidas. La operación está relacionada con la recalificación de 2, 2 millones de metros cuadrados (m2) de terreno rústico donde el grupo vigués Nuaria tenía previsto hacer 5.000 casas, un campo de golf y dos hoteles con spa.
Además, la Guardia Civil detuvo al alcalde de la localidad, José Martínez Andreo (PP), al jefe de la Policía local, a la secretaria del Ayuntamiento y a un empresario hostelero de la localidad, dueño del hotel Olimpia y promotor, por posibles delitos urbanísticos.
San Javier: El gobierno autonómico es responsable de la construcción de un puerto deportivo de 1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de pesetas. Están en marcha dos contenciosos administrativo presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE y Greenpeace contra el Gobierno Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El juez ha paralizado de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso.
Además, también en este municipio, el PSRM-PSOE ha presentado una querella contra el alcalde de la localidad, José Hernández, por las presuntas relaciones mercantiles del primer edil con las principales promotores que construyen en el municipio.
PONTEVEDRA:
Tui. La Xunta suspendió el Plan general de Urbanismo del municipio en diciembre de 2005. Este mes se inició el juicio por prevaricación en el juzgado de lo penal número 2 de Pontevedra contra el alcalde, Feliciano Fernández Rocha.
La actuación está relacionada con un desmesurado incremento de la edificabilidad y las alturas en el municipio, la falta de respeto por los bienes patrimoniales, la recalificación de suelo rústico y la concesión de licencias irregulares.
Gondomar. La Fiscalía ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde, Carlos Silva Mariño (PP), que concedió al menos 300 licencias y permisos de obra irregulares.
Nigrán. El Plan General de Urbanismo incorporaba numerosas recalificaciones de suelo rústico, sobre todo en áreas cercanas a la costa y en concreto en el Monte de Monteferro, zona de protección ambiental que se encuentra sobre el mar.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha presentado una denuncia penal contra el alcalde, Alfredo Rodríguez, y cinco ediles más por un supuesto delito de tráfico de influencias, pese a que el alcalde retiró el Plan General ante las airadas protestas de los vecinos , que irrumpieron en el plen0. Podrían estar implicados altos cargos del PP y empresarios como el presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño. Ha dimitido Aurora Carbajal, concejala en el Ayuntamiento.
EN LA RIOJA:
Lardero: El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha obligado a demoler parcialmente un bloque de 43 viviendas de cuya constructora el alcalde del municipio es accionista. El PSOE asegura que el actual Plan General Municipal recalifica el doble del actual suelo considerado urbano.Santurde: El también popular alcalde de Santurde está siendo juzgado por una recalificación a su favor de 7 millones de euros.
EN SALAMANCA:
Salamanca: El PSOE acusa al Ayuntamiento de haber recalificado unos terrenos protegidos en favor de la familia del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
EN SEVILLA:
Espartinas: el PA denunció al Gobierno local por un presunto delito de prevaricación , delito urbanístico y delito societario. Según la denuncia, el alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez, habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en Sevilla).
EN TOLEDOSeseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'el Pocero'. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de 'el Pocero'. Por ahora, el Ayuntamiento tiene paralizado este proyecto de 1,6 millones de metros. Y también un segundo megaproyecto de 'Paco el Pocero': un polígono industrial de 1,2 millones de metros. El PP suspendió de militancia a sus ediles en esta localidad por su relación con el constructor.
EN VALENCIA:
Cullera: El Ayuntamiento ha aprobado la última modificación necesaria para que el Consell autorice el polémico megaproyecto de 610.000 metros cuadrados para más de 20.000 personas, que duplicará la cantidad de población de la localidad. El conocido como 'Manhattan de Cullera' cuenta con dos informes desfavorables de la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Incluirá la construcción de 33 torres de 25 alturas, dos de 40, varios edificios menores, y un puerto deportivo. Ha sido impulsado por Instituto Valenciano de la Vivienda. Un informe señala que no hay abastecimiento suficiente de agua en la zona. La delegación del Gobierno en Valencia ha llevado el proyecto a los Tribunales.
Riba-roja: Operación ligada a la de Mestalla. Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del Valencia CF, compró por 36 millones de euros unas parcelas que en 2005 vendió en 168 millones. Un directivo del club ligado a la empresa compradora fue el mediador en la operación. Allí, el club hará su ciudad deportiva y se elaboró un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Este PAI se forjó con un acuerdo entre Soler, el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco (PP), y el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona (PP). Familiares del alcalde han comprado muchos metros cuadrados de las polémicas parcelas, y el PSOE se ha querellado contra ellos por delitos varios.
Valencia: La oposición en el Ayuntamiento (gobernado por el PP) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia denunciaron como ilegal ante la Justicia el plan del Valencia CF y su presidente, Juan Soler -apoyado por la alcaldesa, Ritá Barberá y los ediles populares -, para derrumbar el estadio de Mestalla, recalificar su solar, y construir allí 750 viviendasy un gran área comercial, así como la privatización de una parcela pública para construir el nuevo campo del club. La operación le haría ganar al club unos 100 millones de euros.
-Entre 1996 y 2001, la administración popular del Ayuntamientos recalificcó y cedió siete parcelas escolares (29.532 metros cuadrados). Esto recortó un 12% el total de 269.909 metros cuadrados de reserva escolar.
-Congelada desde 1997 la parcela de 12.500 metros cuadrados reservados para la contrucción de una escuela pública en la Avenida de francia.-Cesión de 3.233 metros cuadrado de suelo escolar recalificado a la Iglesia de los Mártires.-Recalificación de 6.766 metros cuadrados de suelo escolar público en favor de la academia privada Marni.
EN VALLADOLID:Arroyo de la Encomienda. La Audiencia de Valladolid investiga la recalificación de 33,5 hectáreas industriales , en el denominado SAU-9, para permitir la construcción de 2.984 viviendas. El cambio fue solicitado por la constructora Mahía, propietaria de los terrenos, y se materializó en un convenio urbanístico firmado por el alcalde, José Manuel Méndez (PP), con la representante de Mahía, María Iluminada Miguel.Se da la circunstancia de que María Iluminada estuvo contratada por el alcalde en una empresa privada y es hija del concejal del Ayuntamiento de Valladolid y diputado provincial Dionisio Miguel Recio (PP). Además, Recio fue vocal de la empresa municipal de suelo de Arroyo (Emuva).Por otro lado, el concejal de Obras de Arroyo de la Encomienda, Francisco Javier Cruz, ha sido sancionado por la Junta de Castilla y León porque dos de sus cinco viviendas eran de protección oficial.
martes, junio 17, 2008
LOSANTOS, OTRA VEZ CONDENADO
lunes, junio 16, 2008
ABOLICIÓN DE LA TAUROMAQUIA , YA !
